Todos los días el régimen nos da un motivo para protestar, ocurre una violación a los derechos humanos de los venezolanos, hay un nuevo perseguido político, una libertad más es secuestrada. Pero a pesar de esta larga cadena de sucesos debemos siempre recordar cuales son nuestros derechos y reclamar su respeto. Esta es la razón por la cual existen organizaciones que mantienen una vigilancia permanente sobre los sucesos y las acciones judiciales a las que dan origen, que por supuesto no siempre son justas, sobre todo cuando se dan en tribunales como los que existen lamentablemente en nuestro país.
Después de este preámbulo, hay que dar a conocer aspectos importantes considerados en el informe presentado por la Fundación al Debido Proceso Legal con respecto al juicio más largo en la historia judicial de Venezuela que no es otro que el Caso del 11 de Abril de 2002.
El informe dice que “la calificación de inocente o culpable de una persona le corresponde darla a tribunales independientes e imparciales. Para que la decisión tenga legitimidad ha de ser producto de un proceso en el cual haya existido pleno respeto al debido proceso, tanto de los acusados como de los querellantes”.
Entre las violaciones al debido proceso presentadas en el informe están::
La fácil remoción de jueces: la respuesta de los entrevistados al preguntárseles sobre la independencia del Poder Judicial fue un unánime NO, a excepción del abogado Antonio Molina. Una respuesta concreta fue “la independencia es inexistente. Si la decisión no le gusta (al ejecutivo), el juez es destituido rápidamente o se revoca su designación” . Entre las causas de esta dependencia destaca esta respuesta “La falta de una carrera judicial con la necesaria estabilidad en sus puestos genera un fundado temor a ser removido si la decisión no es compartida por el Poder Ejecutivo”
Una estadística relevante es la remoción de 400 jueces sin proceso administrativo en menos de un año. Existe una relación directa entre las remociones y la cercanía o no de los jueces al proceso revolucionario. Aquí es necesario citar la declaración de uno de los entrevistados por la Fundación: De las investigaciones registradas resaltamos con preocupación declaraciones de Luis Velásquez Alvaray cuando fungió como Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia con relación alas “llamadas diarias”que le hacía el Vicepresidente Rangel “para solicitarle la destitución de jueces”cosa que él hacía de inmediato.
El Informe cita lo sucedido en el Tribunal Supremo de Justicia durante la inauguración del Año Judicial 2006, cuando los magistrados corearon “UH, AH, Chávez no se va”, cuando los jueces deben ser totalmente independientes.
Parcialidad de los jueces en casos políticos, con respecto al Caso del 11 de Abril los entrevistados declararon que “ningún juez estaría dispuesto a absolver a los comisarios y policías, incluso una declaración concreta manifiesta “El Estado ya tomó la decisión de condenarlos”.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos considera que “El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso”. En este caso la juez Marjorie Calderón no es objetiva, está casada con un dirigente del PSUV en el Estado Aragua, lo cual afecta su independencia e imparcialidad, ya que las víctimas son leales al gobierno y a los acusados se los ve como”parte de las fuerzas golpistas que querían derrocar al gobierno”.. La jueza Calderón habría sido nombrada gracias a las gestiones realizadas por Isaías Rodríguez quien ocupara cargos importantísimos en el gobierno, lo cual de ser cierto generaría dudas sobre su objetividad al conocer de un caso tan relevante.
Muchas otras razones que debemos recordar indican la parcialidad de la juez en este caso..¿Cómo podríamos olvidarlas, si ese es un dardo clavado en el corazón de quienes marchamos ese día sin intención golpista alguna? Cansados de ver que la justicia está ausente para quienes son inocentes es que mantendremos presente el reclamo por la absolución de los comisarios y policías metropolitanos.
Mercedes Montero
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